El expediente abierto a industriales y comerciantes a mediados del año pasado porque 17 muestras de aceite de oliva que habían recogido los inspectores de la Junta de Andalucía contenían un producto de menor calidad que lo que ponían las etiquetas se ha resuelto. El mismo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural reconoció en su momento que podría estar ante un gran fraude económico. Tiempo después y tras diferentes vicisitudes, se ha sabido la cuantía de la multa a 17 establecimientos que en Andalucía vendieron aceite de oliva como virgen extra pero cuyo contenido no respondía a esa calidad. Una multa de 2.500 euros a cada uno, lo mismo fuera una gran cadena de distribución que el ‘colmado’ de la esquina.
El precio de la multa es bajo, tentador incluso para los que quieran defraudar. Sin embargo, la conclusión a todo el proceso de más de año y medio de duración es que nadie tuvo mala fe, o al menos eso dice la Consejería de Salud y Consumo que ha dictaminado la sanción.
El informe administrativo llega a la conclusión de que fue un descuido en la conservación del producto en los lineales de la distribución lo que cambió las características (algo que es posible, aunque tampoco seguro). Sin embargo, tras las pertinentes inspecciones de Consumo, los laboratorios de la Consejería de Agricultura fueron los que detectaron irregularidades en el etiquetado de 14 de las 25 muestras tomadas de establecimientos de Jaén. La Dirección General de Consumo retiró finalmente 24 lotes del mercado para velar por los derechos económicos de los consumidores, pero ahora aclara que nunca hubo engaño intencionado ni peligro para la salud.
El documento que acompaña a las multas de 2.500 euros asegura que nunca hubo fraude, sino una falta de carácter leve. Además, la Consejería de Salud, en un comunicado, dice que sólo se había producido una merma de las cualidades organolépticas de los aceites analizados -”el sabor resulta más fuerte”-, pero las propiedades básicas y químicas eran correctas.
Asimismo, atiende las pruebas presentadas por las marcas afectadas, que determinan que, cuando se envasó el aceite, la calidad era la adecuada, por lo que la merma de calidad pudo deberse a unas condiciones de conservación y almacenamiento inadecuadas.
‘Motín’ industrial
Mientras se llegaba a esta conclusión, los industriales inundaron de papeles a la Junta, muchos, pero en los que sólo se comprobaba que los análisis que hacían sus propios laboratorios estaban conformes a lo establecido por la normativa. Unos laboratorios que a la vez eran juez y parte.
En mitad del proceso para esclarecer si hubo o no fraude se había producido una revuelta de los industriales aceiteros, incluyendo nombres muy conocidos y prestigiosos, reclamado al MARM un nuevo sistema de medición de la ‘pureza’ del aceite que no incluyera apreciaciones organolépticas, esto es, un análisis cualitativo, subjetivo pero por arte de expertos, en el que se incluyen aspectos como el aroma, el color o el sabor del aceite de oliva…
El Ministerio y la Junta no osaron contradecir, ni siquiera comprobar con análisis alternativos esos resultados presentados por los encausados. Es cierto que no estaba en peligro la salud pública y sólo se trató de un fraude económico. Pero lo sorprendente es que la Junta de Andalucía no ha tratado este tipo de engaño de la misma manera según el departamento que lo abordara.
Sólo basta recordar la multa a Atrisa, empresa cárnica de la localidad sevillana de Dos Hermanas, a la que Agricultura impuso una multa de 47.000 euros por vender como carne de cerdo ibérico lo que no pertenecía a esta categoría, sino que era de cerdo blanco y, por tanto, de inferior precio. Desde Atrisa se aseguró en su día que también habían enseñado los análisis a la Junta que habían hecho sus laboratorios y la documentación del origen de la carne.
Silencios y sospechas
Como sucediera en el caso anterior, la tardanza en la actuación del Gobierno andaluz para aplicar sanciones y publicar el nombre de los infractores ha llevado a extender la sombra de la duda a todo un sector que ya de por sí atraviesa una crisis profunda de precios.
La consejera andaluza de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, niega y negaba hace tiempo que exista “un fraude generalizado en el aceite de oliva, en absoluto”, y lanzaba un llamamiento a la “tranquilidad” de los consumidores porque “no se está produciendo ninguna anormalidad”. además de que sería “poco significativo con la globalidad de análisis” que se hacen
En cuanto a la reacción de las organizaciones agrarias ante la sospecha de fraude fue diversa Así tanto Asaja como Coag exigían categóricamente más controles y multas ejemplares a los infractores para evitar que se desprestigie el sector, pero cuando se ha conocido la sanción (con poca publicidad por parte de la Administración, por cierto) nadie ha hecho comentario alguno. Por su parte, la organización Facua-Andalucía reclamaba por escrito al Gobierno andaluz que haga públicas las marcas de aceite de oliva virgen extra donde se ha detectado fraude.
Información obtenida de:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/22/andalucia/1319305410.html
